Durante las primeras décadas del siglo XX emergen lo que serían las grandes corrientes del pensamiento económico de nuestros tiempos; circunstancias extremas de cambio político, social y económico promueven estos cambios en un mundo dominado por un ligero liberalismo económico, pero aún conservador.
La primera de ellas se produce en la Rusia zarista al término de la Primera Guerra Mundial: la revolución bolchevique derroca a la monarquía e instaura un régimen socialista basado en los principios de Marx y Engels de mediados del siglo XIX, que corresponde a un modelo estatista de economía centralizada y planificada, muy rígida y sin libertades. Esta economía se aplicó en la Unión Soviética y su órbita de influencia en Europa Oriental hasta mediados de los años 90, y hoy está prácticamente extinta en su forma original.
Por otra parte, en Estados Unidos, a partir de los años 30, con motivo de la Gran Depresión de 1929, aparece el keynesianismo (John Keynes, Inglaterra, 1883) como una manera de impulsar una economía devastada, cuyo principal indicador era un alto desempleo que alcanzó un máximo del 25% en 1933.
Esta política económico-social está caracterizada por un Estado protector y regulador; se combate el desempleo con una fuerte inversión estatal en obras públicas y se controla la especulación económica, incluso fijando precios. Esta política subsidiaria comienza a entregar sus frutos a principios de los años 40, cuando la economía empieza a mejorar y entra en una etapa de franco despegue tras la Segunda Guerra Mundial. En estas circunstancias, la regulación e injerencia estatal comienza a incomodar a algunos economistas que quieren darle mayor celeridad al proceso y reclaman mayor libertad económica.

En 1946 se instala en la Universidad de Chicago —universidad privada en Chicago, Illinois— el economista proveniente de la Universidad de Columbia, Milton Friedman (Estados Unidos, 1912; Premio Nobel de Economía, 1976), quien se transforma en uno de los fundadores de la Escuela de Economía de dicha universidad.
Con su equipo de trabajo, Friedman comienza a sentar las bases de lo que sería la economía de libre mercado, la más importante e influyente del siglo XX. Esta es una economía de libertad total, sin regulaciones; el mercado es el único asignador de recursos según la ley de oferta y demanda. Es una economía monetarista que pretende impulsar el desarrollo poniendo la mayor cantidad de dinero en circulación para invertir en actividades de bajo costo inicial —bancos y financieras, comercios y servicios— con el fin de aumentar la rentabilidad inmediata, basándose en el supuesto de que el crecimiento constante de la oferta monetaria mantendría la economía estable.
El Estado queda relegado a un papel subsidiario, solo en las actividades en que a la empresa privada no le interesa invertir, como la salud y educación de los más pobres, políticas públicas como la administración de justicia, el orden y la seguridad, o áreas hiperestratégicas como la Defensa y Seguridad Nacional. El modelo propone la reducción al mínimo del aparato estatal mediante privatizaciones y racionalizaciones. Entre sus postulados más importantes, Friedman afirma que el consumo depende del ingreso permanente —endeudamiento de largo plazo—, mientras Keynes sostenía que el consumo de un período dependía exclusivamente del ingreso del mismo período —endeudamiento responsable—.
Chile, laboratorio del libre mercado
La economía de libre mercado se instala en Chile por una conjunción de circunstancias muy específicas, a saber: 1) un convenio entre las Escuelas de Economía de la Universidad de Chicago y de la Universidad Católica de Chile, vigente desde 1955, para que jóvenes economistas chilenos cursaran estudios de posgrado en Estados Unidos, convirtiéndose en discípulos de Milton Friedman, cuyos postulados estaban en su apogeo; 2) el golpe de Estado de Pinochet en 1973, y 3) la búsqueda de un modelo de desarrollo económico por parte de la dictadura, una vez superada la crisis más urgente, representada por una hiperinflación del 1.000% y la paralización de actividades minero-industriales, del transporte y el comercio.
En 1975, Friedman visita Chile y el asunto queda zanjado: nuestro país adoptará esta teoría económica de la forma más ortodoxa, convirtiéndose en una especie de laboratorio económico, ya que las condiciones eran ideales —no había libertad ni democracia— y bastaba con convencer a Pinochet, lo cual no era difícil, pues estos principios económicos eran suscritos por sus adeptos: la derecha político-económica chilena.

Para ello se pone al frente de la implementación del modelo a un grupo de discípulos de Friedman, liderados por Sergio de Castro, entre los más influyentes: Sergio de la Cuadra, Miguel Kast, Pablo Baraona, Rolf Lüders y Álvaro Bardón, además de José Piñera, formado en Harvard pero adherente al modelo, y Jorge Cauas, formado en Columbia. Este grupo fue conocido como los Chicago Boys.
Una vez controlada la inflación y reorganizada la economía, comienza la aplicación del modelo al pie de la letra: conseguir liquidez monetaria, partiendo por el desmantelamiento de la empresa productiva nacional —como la inmensa industria textil chilena, que finalmente desaparecería y cuya maquinaria sería dada en prenda en Panamá para obtener créditos—, siguiendo con la industria metalmecánica y química, perdiéndose así todo el know-how acumulado.
La era del desarme del Estado chileno.
La privatización de empresas estatales como Endesa, CAP, Entel, Soquimich, CTC, LAN Chile, Chilectra, Laboratorios Chile e IANSA, entre cientos de otras, se realizó a precios de liquidación y mediante licitaciones poco transparentes o derechamente fraudulentas, como en el caso de Soquimich.
Se elimina toda fijación de precios o bandas de precios; se fija el tipo de cambio a un nivel muy bajo (39 pesos por dólar) para incentivar el consumo de importaciones; se impulsa una apertura total al comercio internacional con una importante baja de aranceles y restricciones proteccionistas. Estas medidas fueron precursoras de la insolvencia de la banca privada de 1982, deuda que fue asumida en su totalidad por el Estado de Chile con plazos de pago indefinidos.
Esta crisis económica es reconocida como una de las más profundas que ha sufrido Chile: produjo índices de desempleo real del 30% y dio origen a los tristemente recordados planes de empleo de emergencia, como el PEM y el POJH.
Se privatizaron también los proveedores de servicios básicos, como el agua —único caso en el mundo— y las generadoras y distribuidoras de electricidad. La salud se transforma en objeto de lucro mediante la ley de Isapres, y los más ricos pueden optar por sistemas de salud privados cerrados, perdiéndose los conceptos de solidaridad y redistribución. También la educación se transforma en objeto de lucro: la Ley General de Universidades establece que quien quiera estudiar debe pagar, ya sea de inmediato o después de terminar la carrera, convertido en profesional o con estudios inconclusos, sin excepción, con intereses y cuotas, cargando a los más jóvenes desde el inicio de su vida laboral con deudas del orden de 40.000 dólares. Florecen las universidades privadas, subsidiadas por el Estado a través de créditos, terrenos o edificios, cuyos dueños son empresarios adherentes al régimen. Paralelamente se produce el desmantelamiento de la educación pública; el Estado renuncia con ello a descubrir cerebros y mentes brillantes en pueblos o localidades pobres.
En el ámbito del trabajo, la nueva ley laboral, impulsada por José Piñera Echenique e implementada por Miguel Kast Ritz, se concibe como un mecanismo para reducir el poder de negociación de los sindicatos; se termina la negociación por áreas de la economía y se reglamenta severamente el derecho a huelga, de acuerdo con plazos de duración y reemplazos de trabajadores. La negociación, aunque existe, adopta una asimetría total a favor de la empresa.

Luego, las estrategias se dirigen a obtener dos importantes fuentes de capital fresco para ponerlo en circulación. La primera es la reprivatización del cobre mediante la nueva Ley de Concesiones Mineras, impulsada por José Piñera Echenique, que instala en Chile a las grandes empresas transnacionales, quienes explotan el cobre con un nivel de tributación muy bajo. Hoy, la estatal Codelco apenas participa del 24% de la producción total.
La segunda fuente de ingresos frescos para la inversión privada —anhelo muy antiguo de la derecha económica— son los fondos de pensiones, obtenidos finalmente mediante la ley de las AFP, sistema único en el mundo que no fue aceptado por las Fuerzas Armadas, quienes mantuvieron su antiguo sistema de Cajas de Previsión Social. Estos recursos caen en manos de capitales privados: los grandes grupos económicos. Esta ley de AFP también nace a instancias de un proyecto presentado por José Piñera Echenique. A partir de ese momento, el sistema de pensiones se convierte en un fondo de capitalización individual —no colectivo como el anterior— a través de la inversión en el mercado de capitales, preferentemente controlado por los mismos dueños de las AFP. Aquí se produce la mayor falacia del sistema: llegó ofreciendo que permitiría al trabajador jubilarse con una tasa de reemplazo del 100%, pero esos valores hace tiempo se estancaron en torno al 20-30%, lo que provoca que muchos jubilados deban trabajar en actividades menores y hasta indignas, como el comercio callejero. Independientemente de ello, las AFP siguen percibiendo comisiones constantes por la administración de esos recursos. Se cumple la triste paradoja: aumenta la edad, disminuyen los ingresos, aumentan los gastos.
Cabe recordar que toda esta política monetaria descansa sólidamente sobre leyes impuestas, muy difíciles de modificar porque exigen mayorías inalcanzables establecidas en la Constitución del país.
La inversión extranjera, otro hito del modelo, se sustenta en altas tasas de retorno garantizadas por el Estado chileno y financiadas, en parte, por el endeudamiento de la población a través de tarjetas de crédito bancario o de empresas comerciales del retail. Esto, a su vez, ha generado un alto endeudamiento personal que ha llegado a ser de cinco veces los ingresos mensuales e involucra al 40% de la población, denominada clase media emergente. El resto no participa porque carece de la formalidad o la solvencia para estar bancarizado. En este segmento de endeudados, la morosidad es muy baja, ya que la pérdida del acceso al crédito implica la pérdida del acceso al consumo, incluso para cubrir compromisos vitales o de primera necesidad.
La fantasía del consumo
Ha sido tal la exacerbación de este consumismo a través del endeudamiento, que hay personas que financian su alimentación diaria con créditos a futuro. En este escenario, la pérdida del trabajo equivale a la muerte económica, por lo que tenemos una población estresada, angustiada y atemorizada.
La promesa también incumplida de este sistema era la de alcanzar el primer mundo. El desarrollo nunca llegó; hoy tenemos tasas de crecimiento permanentemente bajas y estructurales, en torno al 2% anual. No habrá mejorías económicas significativas, pues el auge monetarista se agotó: las rentabilidades que se producían por la circulación monetaria en inversiones de papel —colocaciones bursátiles, créditos de consumo, bonos y moneda extranjera— ya no generan las ganancias que alguna vez impulsaron el crecimiento del país. El ciclo se cerró, y hoy ese modelo representa una economía anticuada que algunos insisten en preservar, cuando lo cierto es que el polo del crecimiento está hace tiempo en otros sistemas.

Una manera sencilla de ilustrar este modelo monetarista —tal como se aplicó en Chile— es la siguiente: si usted tiene una casa propia, está haciendo un mal negocio, pues ese es un capital inmovilizado; si lo transforma en dinero líquido, puede invertirlo en el mercado de valores, y la rentabilidad de esa inversión le permitiría pagar un arriendo y obtener además excedentes para el consumo.
El primer problema de esta teoría es que el resultado favorable se da por sentado, sin advertir que también puede ocurrir que se pierda todo. Por otra parte, consideraciones humanas y valores como la tranquilidad y la libertad de vivir en lo propio, la casa familiar, la casa de los viejos, el barrio querido y los vecinos de toda la vida representan, para este sistema, cero pesos; lo único que importa es el circulante (M1).
Pero ¿acaso la economía no fue concebida para servir a la humanidad y no al mercado? ¿Por qué debemos tener una economía deshumanizada, del egoísmo y no de la solidaridad? ¿Por qué una economía donde es legítimo que el más poderoso abuse del más débil en pro de maximizar las utilidades?
¿No debe ser la persona el centro de la actividad económica, priorizando el bienestar humano, la dignidad y el desarrollo integral por sobre la mera acumulación de capital o la maximización de la rentabilidad del mercado? ¿No deberíamos buscar satisfacer necesidades reales, integrando valores, ética y emociones en la toma de decisiones económicas, por encima del enfoque puramente técnico? Es absolutamente falso que esto sea ineficiente y genere pobreza; Chile lo ha demostrado con creces en el pasado. Y, por último, ¿ha dado los beneficios prometidos este modelo monetarista de libre mercado?
Chile una economía precaria
Practicamos una política económica que no crea riqueza real, sino una riqueza frágil que se extrae desde la naturaleza y de los bolsillos de los trabajadores. No hay producción de base, ni economía física, ni industrialización; solo comercio y servicios. Y para los chilenos comunes, la empresa privada solo genera empleos menores —repartidores, guardias, asistentes de aseo, vendedores de retail—, con mínima capacitación y muy bajo valor agregado.
Chile compra en el exterior toda la modernidad que requiere. Incluso si se habla de ventajas comparativas —como le complace a la economía de libre mercado—, nuestro país ya ni siquiera conserva las ventajas en ciencia y tecnología minera del cobre que alguna vez tuvo; la falta de inversión en sectores estratégicos nos dejó atrás.
Nuestra economía se quedó sin herramientas en un mundo donde quien fabrica las armas es quien gana las guerras, mientras el otro depende de los primeros; y todo ello en un escenario de tensión y conflicto por los recursos naturales y el posicionamiento estratégico, en pleno proceso de reordenamiento global y desglobalización.
Si se mira alrededor, casi nada ha sido fabricado en Chile; quizás solo artesanía. Chile importa todo lo que necesita y solo produce cobre y frutas, productos que hoy se pueden conseguir en muchos lugares. Tras Perú, Argentina emerge como un importante productor de cobre, con fuerte apoyo de China, nuestro más importante socio comercial.

Hoy Chile, con una inversión estancada, es un país completamente prescindible, sin peso en el concierto mundial, desconectado del escenario regional y con relaciones deterioradas con sus vecinos. En caso de una conflagración bélica o un desastre natural en el Pacífico Sur que afecte sus rutas o infraestructura marítima, quedaríamos aislados.
Estamos entrando en la era de la economía física: la producción acelerada de energía y alimentos, la purificación de fuentes de agua a gran escala, industrias operativas fuertemente equipadas y tecnologizadas, todo ello asumiendo un escenario de conflictos y escasez. La política económica chilena de los últimos 50 años nos dejó sin las herramientas necesarias para enfrentar ese futuro.
No hemos salido de la pobreza; solo tenemos una clase media que puede consumir más gracias a un alto endeudamiento. Sumando y restando, nuestro futuro económico no es optimista, pese al alto costo que hemos pagado.
*Jorge Castillo M∴M∴ de la Respetable Logia Futuro-Libera, del valle central de Chile.
Revista Masónica Latinoamericana.










